Un remedio equivocado

Tras varias semanas de expectativa, el lunes pasado el Ministerio de Hacienda radic?? ante el Congreso el proyecto de ley de financiamiento con el cual busca hacer viable el Presupuesto General de la Naci??n para 2026. La iniciativa en cuesti??n generar??a recursos por 26,2 billones de pesos el a??o que viene, un monto que subir??a de manera progresiva, pues para 2030 el c??lculo de recaudos adicionales supera los 37 billones.

Tales montos no tienen antecedentes en la historia del pa??s, ya sea tanto en cifras nominales como en proporci??n del tama??o de la econom??a. Se trata, por consiguiente, de una propuesta particularmente ambiciosa, orientada a sustentar un programa de gastos tasado en casi 557 billones de pesos, del cual tampoco existen precedentes.

Ni siquiera en la ??poca de la pandemia, cuando la emergencia sanitaria que afect?? al mundo entero hizo necesarias erogaciones extraordinarias para apuntalar la salud, comprar vacunas y mitigar el impacto sobre el consumo y el bienestar social, se lleg?? en Colombia a algo semejante. Para ponerlo en perspectiva, mientras los giros del Gobierno central representaron en 2019 el 18,7 por ciento del producto interno bruto, en 2026 esa proporci??n crecer?? al 24,2 por ciento.

Semejante desborde ha tenido lugar, de manera notoria, a lo largo de la administraci??n Petro. Si bien es cierto que esta hered?? algunos desajustes, como el faltante acumulado en el Fondo de Estabilizaci??n de Precios de los Combustibles, los buenos prop??sitos de mantener la casa en orden expresados en un comienzo acabar??an naufragando con el paso del tiempo.

Y ante expectativas de ingresos p??blicos que no se cumplieron, el remedio escogido acab?? siendo el de permitir un r??pido aumento del saldo en rojo de las finanzas p??blicas, cuando lo procedente habr??a sido ajustarse el cintur??n. Pero en lugar de dar muestras de austeridad, el Ejecutivo ha preferido preservar su gasto desbordado a costa de los bolsillos de los colombianos.

Esa es la justificaci??n de la iniciativa presentada esta semana, que en realidad es una reforma tributaria de marca mayor. El texto, que comprende 94 art??culos y se extiende a lo largo de 53 p??ginas, cambia de manera sustancial las reglas de juego vigentes para los contribuyentes, sean personas naturales o jur??dicas.

En contra de lo que dice la ret??rica oficial, las clases populares resultar??an duramente golpeadas por concepto de ideas que encarecer??an los precios de los combustibles y se sentir??an sobre bienes de primera necesidad. Unos pocos puntos suenan razonables, como subir los grav??menes a los juegos de azar, pero los peligros son tantos que no vale la pena correr el riesgo de deprimir la demanda interna de los estratos medios y espantar la inversi??n, que est?? de capa ca??da por efecto de las se??ales hostiles hacia la actividad privada.

Lo dicho no se opone a la necesidad urgente que tiene Colombia de contar con un marco impositivo moderno, que sea a la vez eficiente y progresivo. El r??gimen vigente es una especie de colcha de retazos que se presta no solo a interpretaciones contradictorias, sino a pr??cticas corruptas que deben ser eliminadas de tajo.

Sin embargo, el dise??o de un esquema distinto debe partir de un ejercicio t??cnico y profesional, complementado con un debate abierto. Cualquier potencial aumento de las cargas que le corresponden a la ciudadan??a solo podr?? justificarse si este viene acompa??ado de recortes y medidas para acabar con el despilfarro del dinero p??blico. Puesto de otra manera, la gente requiere saber que los excesos que hoy se ven en viajes o contratos de prestaci??n de servicios dejar??n de ser la norma.

Tambi??n resultan claves las estrategias para combatir la evasi??n, un prop??sito en el que hay se??ales de retroceso. No se puede olvidar tampoco el azote del contrabando, a cargo de una administraci??n de aduanas que sigue rezagada en materia tecnol??gica, ni puede convertirse en vara de premios para los aliados pol??ticos o abrirles espacio a los intereses oscuros.

De vuelta al proyecto de ley de financiamiento, los observadores se??alan que sus probabilidades de salir adelante son m??nimas. Como lo demostr?? la reciente elecci??n de un magistrado de la Corte Constitucional en el Senado, el Gobierno parece estar en minor??a frente a las fuerzas que se le oponen, y m??s si decide castigar a las bancadas o sectores que no lo acompa??aron.

Pero una eventual derrota de la Administraci??n no soluciona la sostenibilidad del presupuesto de 2026, ni mucho menos el problema de fondo: el fiscal. Tal como est??n las cosas, el escenario apunta a empeorar, ante lo cual el pr??ximo presidente de la Rep??blica llegar?? a enfrentarse a una emergencia de marca mayor. Y esta incluir?? enormes cuentas por pagar que, de una manera u otra, acabar??n siendo sufragadas por todos los colombianos.

EDITORIAL