Tasas y sobretasas para la seguridad

Ante la falta de recursos para fortalecer las instituciones de seguridad y justicia, hoy debilitadas, de una política de seguridad acorde con los retos de la criminalidad organizada que cogobierna el país y la ausencia del liderazgo que debería tener el Presidente como comandante y jefe de las Fuerzas Armadas y máximo responsable del orden público en el país, se hace necesario recurrir a otras instancias estatales para recuperar la seguridad de los ciudadanos, la gobernabilidad en los territorios y la justicia.

Olvidémonos del Presidente, que él está en campaña, y concentrémos a trabajar y apoyar a las cabezas de las instituciones de seguridad y justicia, comenzando por el actual ministro de Defensa, que con autoridad y liderazgo retomó la responsabilidad de garantizar la seguridad de los ciudadanos y de los territorios, donde se lo ha visto al frente de las tropas y de las unidades policiales, animándolos para enfrentar, como corresponde, los distintos grupos mafiosos armados que operan en el país. También se lo ha visto trabajando de la mano con muchos alcaldes y gobernadores, algunos considerados de oposición por el alto gobierno. Hay que demandar mayor esfuerzo y apoyar a los comandantes de las Fuerzas Militares y de la Policía, que no se dejan intimidar por las amenazas de los criminales. En este caso, todo el apoyo y solidaridad social con el director de la Policía, que recientemente fue amenazado.

A la Fiscalía y la Fiscal hay que exigirles y darles todo el apoyo social para que adelanten las importantes investigaciones que tienen en sus manos en contra de la corrupción y para que, junto con la Fuerza Pública, desarrollen acciones de investigación criminal en contra de todas las organizaciones armadas mafiosas que operan en el país.

Al resto de la Rama Judicial, en especial al Consejo Superior de la Judicatura, para que, conservando la independencia de poderes, trabaje con las demás autoridades de seguridad y justicia para acabar con esa idea que “la policía detiene a los delincuentes y los jueces los sueltan”. Hay que trabajar en equipo para garantizar a los ciudadanos seguridad y justicia.

A los gobernadores y alcaldes, que, además de trabajar en equipo y de manera permanente con las demás autoridades de seguridad y justicia, deben conseguir nuevos recursos para fortalecer la seguridad y la convivencia en sus respectivas jurisdicciones, ante la disminución de los recursos para la seguridad y la justicia por parte del Gobierno Nacional. En esta línea, la Corte Constitucional en la Sentencia C-353 de 2023 autorizó a las entidades territoriales la creación de tasas, sobretasas, impuestos y contribuciones especiales para financiar la seguridad y convivencia ciudadana. De acuerdo con la Corte, son las asambleas departamentales y los concejos municipales los responsables directos de la creación de este tipo de impuestos.

Hay que seguir el ejemplo de los gobernadores de Antioquia y Santander, que tramitaron, ante sus respectivas asambleas, la aprobación de tasas y sobretasas para la seguridad y la convivencia, para fortalecer a las Fuerzas Armadas y la justicia, especialmente en lo que tiene que ver con centros de privación de la libertad. Pero también para fortalecer la convivencia ciudadana en el marco de una política integral de seguridad que vaya de la disuasión y la prevención al uso legítimo de la fuerza. Una sobretasa que se puede cobrar solo a los estratos más altos, como se hizo en estos dos departamentos.

Todas estas acciones son posibles y necesarias para recuperar la seguridad y la gobernabilidad Estatal en los territorios. Ante el desinterés del Presidente por estos temas, es necesario que las otras instituciones de seguridad y justicia, en lo que resta de este gobierno, realicen su trabajo como lo establece la Constitución y la ley y garanticen el derecho ciudadano a la seguridad y la justicia.

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