En Colombia siempre nos las hemos ingeniado para reinventar la democracia. Mientras en otros pa??ses las campa??as se hacen en plazas p??blicas, aqu?? parece que la nueva sede pol??tica son las c??rceles. Qu?? innovadores: donde antes hab??a barrotes y rejas, ahora hay promesas de legalizar fortunas del narcotr??fico y acuerdos territoriales para ???asegurar??? ???l??ase coaccionar??? el voto en las elecciones de 2026.
La protagonista de esta tragicomedia es la senadora Isabel Zuleta, a quien parece fascinarle ???quemar candidatos??? con el mismo entusiasmo con el que la guerrilla quemaba soldados. No contenta con visitar prisi??n tras prisi??n, va reclutando delincuentes como si fueran los verdaderos arquitectos de la democracia. Eso s??, con una oferta irresistible: convertir capitales criminales en capital pol??tico. ??Acaso no es esta la verdadera reforma pol??tica de la ???paz total????
M??s all?? del sarcasmo, hay un detalle t??cnico que no podemos obviar: la senadora no tiene competencia legal para pedir traslados de internos. El art??culo 74 del C??digo Penitenciario y Carcelario es tan claro que deber??a estar enmarcado en su oficina: solo pueden hacerlo el director del penal, el funcionario de conocimiento, el interno o su defensor, la Defensor??a o la Procuradur??a. Ninguna ley, ni siquiera la 2272 de 2023 de la ???paz total???, la habilita para esa funci??n. La Corte Constitucional ya advirti?? ???sentencias C-542/23 y C-525/23??? que ni voceros privados de la libertad ni suspensiones de ??rdenes de captura pueden improvisarse a punta de discursos pol??ticos. Pero aqu?? se hace exactamente lo contrario: convertir a los capos de Medell??n en interlocutores privilegiados y pasar por encima de la Rama Judicial como si fuera un estorbo.
El esc??ndalo no es un invento. El concejal Andr??s Tob??n denunci?? a Zuleta ante la Corte Suprema por abuso de funci??n p??blica al haber gestionado la salida de cabecillas de Itag???? para el acto ???Paz urbana??? en la Alpujarra. La senadora Paola Holgu??n tambi??n radic?? denuncia por el mismo delito, se??alando que no existe norma alguna que respalde esas gestiones. Es imperativo que la Corte Suprema eval??e abrir investigaci??n formal por obstrucci??n de la funci??n p??blica, tr??fico de influencias y presunta interferencia en la captura de alias Yordi. No se trata de rumores: hay procesos y documentos oficiales que confirman que esta conducta es tan irregular como peligrosa para el Estado de derecho.
La primera escena de este guion criminal ya se cumpli??: el infame tarimazo de Medell??n, donde reconocidos capos ??????Juan 23???, ???Tom???, ???Vallejo???, ???Douglas???, ???Carlos Pesebre???, el ???Tigre???, el ???Indio??? y el ???Compa?????? compartieron escenario con el presidente Petro. Sin arrepentimiento, sin perd??n, sin verdad. Solo un espect??culo de proselitismo pol??tico financiado con sangre y coca??na. Y lo peor: las negociaciones siguen, con el claro prop??sito de incidir en las elecciones de 2026 y aniquilar pol??ticamente a los l??deres antioque??os.
No sorprende que la senadora Zuleta se declare enemiga de Hidroituango, la obra que garantiza energ??a al pa??s y transfiere recursos vitales a los municipios de Antioquia. La institucionalidad le incomoda: prefiere el caos, porque cuanto menos Estado, m??s poder para el ???clan del Golfo??? y sus aliados. La ecuaci??n es sencilla: menos derechos ciudadanos, m??s control armado; menos jueces, m??s narcocongresistas.
Ante este panorama, la pregunta es inevitable: ??d??nde est?? la Corte Suprema de Justicia? No podemos seguir viendo c??mo se desangra la democracia en nombre de una ???paz???, lo cual solo fortalece el crimen. La Corte tiene el deber de enviar un mensaje claro: los barrotes no son tribunas, los delincuentes no son voceros y los votos no pueden nacer de las amenazas de los fusiles.
P. D. Lo revelado por Caracol Radio sobre Miguel Quintero, hermano de Daniel Quintero, solo confirma lo que todos sospech??bamos: Medell??n no tuvo alcalde, tuvo una banda criminal rob??ndose la ciudad.
LUIS FELIPE HENAO