De la interdicci??n al bombardeo: la nueva estrategia de Donald Trump contra el narcotr??fico desaf??a el derecho internacional y desata pol??mica

Tras varias semanas flexionando sus m??sculos en el Caribe, la administraci??n del presidente Donald Trump lanz?? su primer golpe el pasado martes al destruir una lancha r??pida supuestamente cargada con estupefacientes en la que viajaban miembros de la organizaci??n venezolana Tren de Aragua.

Aunque la lectura inicial fue la de una operaci??n contundente contra el narcotr??fico, el incidente desat?? cierto debate con relaci??n al uso de la fuerza militar en la lucha contra las drogas, la justificaci??n legal que se emple?? para el ataque y algunos de sus detalles, que no est??n del todo claros todav??a.

Tras hacer el anuncio durante un evento en la Casa Blanca, Trump celebr?? la acci??n en redes sociales, publicando un video en blanco y negro en el que se observ?? a una lancha viajando a toda velocidad en aguas abiertas, hasta que una explosi??n la reduce a llamas.

Seg??n el mandatario, los 11 tripulantes a bordo eran ???narco-terroristas??? que pretend??an introducir ???masivas cantidades de droga??? a Estados Unidos.

La noticia fue respaldada r??pidamente por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ???cuyo ministerio esta semana fue rebautizado por Trump como Departamento de Guerra- y por el secretario de Estado Marco Rubio.

Hegseth afirm?? en una entrevista con la cadena Fox que los mandos militares ???sab??an exactamente qui??n estaba en esa embarcaci??n y qu?? hac??an all?????, aunque no ofreci?? evidencia.

Rubio, en rueda de prensa desde M??xico, insisti?? en que medidas de interdicci??n tradicionales no hab??an disuadido a los carteles y que lo ??nico que los detendr??a era bombardearlos. "Lo que los detiene es cuando los explotas (blow them up), los eliminas???, dijo el secretario.

Por su parte, la Casa Blanca defendi?? la operaci??n como parte de una nueva fase de ???ofensiva total??? contra organizaciones criminales en el Caribe que apenas estaba comenzando.

Sin embargo, horas despu??s del ataque comenzaron a surgir contradicciones en el relato oficial. Mientras Trump declar?? en un principio que la lancha se dirig??a hacia Estados Unidos, Rubio asegur?? que su destino era la isla de Trinidad. Algo corroborado por medios locales.

Varios ex funcionarios con experiencia en operaciones antinarc??ticos citados por The New York Times y The Washington Post se??alaron, paralelamente, que el tama??o del bote dif??cilmente pod??a transportar a 11 personas y al mismo tiempo ???cantidades masivas??? de droga.

Otros medios cuestionaron el rol del Tren de Aragua dado que la organizaci??n no es conocida por manejar cargamentos de coca??na a gran escala, sino m??s bien por el contrabando de ???tusi??? o ???coca??na rosada??? en mercados locales.

No obstante, el hecho de que la lancha fuera destruida con todo a bordo imposibilita cualquier verificaci??n independiente.

Y es que la falta de transparencia en torno a las pruebas tambi??n gener?? dudas. Pese a que Hegseth asegur?? haber visto la operaci??n ???en vivo??? y que contaban con grabaciones de comunicaciones de los supuestos narcotraficantes, hasta ahora, lo ??nico divulgado al p??blico es el breve video compartido por Trump sin ninguna evidencia concreta sobre la droga ni sobre la identidad de los ocupantes.

El editorial del jueves del Washington Post ofreci?? otra narrativa plausible. Seg??n el medio, m??s que un operativo antinarc??ticos, lo del martes ten??a un objetivo migratorio, la principal prioridad de Trump.

Para agilizar su campa??a masiva de deportaci??n, la administraci??n acudi?? hace unos meses a una antigua ley, la de enemigos extranjeros, que le permite expulsar a ciudadanos de un pa??s de manera expr??s. Para hacerlo, aleg?? que los venezolanos en el pa??s eran parte de un ???ej??rcito invasor???, compuesto por el Tren de Aragua y enviado por el r??gimen de Nicol??s Maduro.

Ese argumento fue bloqueado transitoriamente por las cortes. Pero, esta semana, precisamente, un tribunal de apelaciones sentenci?? que no era posible declarar a los migrantes, o la presencia del Tren de Aragua, con la de un ej??rcito invasor porque no exist??a un conflicto con Venezuela.

Seg??n el Post, un conflicto en aguas internacionales o una confrontaci??n naval en el Caribe con el r??gimen de Maduro podr??a ser la justificaci??n legal que hace falta para utilizar la ley en casos de deportaci??n.

M??s all?? de los interrogantes inmediatos, el ataque abri?? un debate de fondo sobre la estrategia de esta administraci??n contra el narcotr??fico.

Durante d??cadas, la pol??tica de interdicci??n en el mar hab??a estado en manos de la Guardia Costera, que abordaba las embarcaciones, deten??a a la tripulaci??n y presentaba cargos en tribunales. As?? las cosas, la decisi??n de bombardear directamente un bote en aguas internacionales, sin advertencia ni intento de captura, constituye una ruptura hist??rica.

Uno de los aspectos m??s controvertidos del asalto, precisamente, es que podr??a contravenir tanto la legislaci??n estadounidense como varios convenios internacionales que regulan el uso de la fuerza en el mar.

En el plano interno, el Congreso nunca ha avalado el uso de la fuerza militar contra organizaciones criminales como el Tren de Aragua. La autorizaci??n vigente desde 2001, pensada para combatir a Al Qaeda y sus aliados, no puede extenderse de manera autom??tica a grupos sin v??nculos con el terrorismo islamista.

Tampoco la designaci??n de una banda como ???organizaci??n terrorista extranjera??? habilita la acci??n militar: esa figura permite sanciones financieras y judiciales, pero no ataques armados.

Eso dice Brian Finucane, ex asesor del Departamento de Estado, para quien la reciente designaci??n del Tren de Aragua como ???organizaci??n terrorista extranjera??? no autoriza el uso de fuerza letal.

???No es una organizaci??n militar como Isis o Al Qaeda???, dice este exfuncionario.

El derecho mar??timo estadounidense, adem??s, establece que la Guardia Costera es la principal autoridad a hora de intervenir embarcaciones sospechosas de tr??fico de drogas. La pr??ctica habitual es detener la nave, abordar a la tripulaci??n y, si procede, trasladarlos a un tribunal federal. Destruir directamente un barco en aguas internacionales, sin aviso ni intento de captura, rompe con d??cadas de protocolos que garantizan un m??nimo de debido proceso y proporcionalidad en las operaciones.

Para el congresista dem??crata Adam Smith, si bien el combate contra las drogas es un inter??s com??n, la administraci??n no ha articulado el marco legal bajo el que est?? actuando, ???lo que plantea dudas sobre su misma constitucionalidad???.

Naciones Unidas tambi??n se sum?? al debate. Ravina Shamdasani, portavoz para la oficina de derechos humanos, dijo este jueves que cualquier acci??n de un Estado para enfrentar el tr??fico de drogas deb??a respetar el derecho internacional y que un delito como este no justificaba bajo ning??n caso un asesinato.

???En cuanto a los delitos relacionados con drogas, para que quede claro, no se debe matar a las personas por consumir, traficar, vender o poseer droga. La lucha contra el narcotr??fico no debe escapar a los principios de legalidad y los funcionarios son responsables de cumplirlos. El uso intencional de la fuerza letal solo se permite como medida de ??ltimo recurso contra una persona que represente una amenaza inminente para la vida??, asever?? la funcionaria.

Los expertos se??alan que la operaci??n contradice normas como la Convenci??n de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, la Carta de la ONU -en especial el art??culo 51 sobre el derecho a la leg??tima defensa- y el propio Manual de la Ley de la Guerra del Departamento de Defensa.

Estos instrumentos permiten el uso de la fuerza ??nicamente cuando existe una amenaza inminente contra la seguridad de un Estado, lo que no se ha demostrado en este caso pues, sostienen, la simple sospecha de transportar drogas no constituye una justificaci??n v??lida para un ataque letal.

Seg??n lo subraya la organizaci??n de derechos humanos Wola, la gradualidad en la respuesta es obligatoria: primero debe intentarse la identificaci??n, el contacto por radio, las se??ales de advertencia y, en ??ltimo caso, el abordaje con fuerza no letal. La destrucci??n inmediata de una embarcaci??n con 11 personas a bordo se podr??a interpretar como un uso desproporcionado de la fuerza que pone en riesgo vidas civiles y erosiona normas internacionales consolidadas desde hace m??s de un siglo.

Al realizar un ataque sin autodefensa evidente, la administraci??n Trump se expone a acusaciones de haber cometido ejecuciones extrajudiciales en aguas internacionales.

Para Adam Isacson, experto en seguridad hemisf??rica en Wola, la operaci??n podr??a hasta ser catalogada como ???un posible crimen de guerra??? al no existir indicios de que hubiera un escenario de leg??tima defensa. ???Incluso si llevaban drogas, eso no es una ofensa capital???, dijo este analista.

Para Isacson, tal acci??n no solo amenaza con socavar la credibilidad de Estados Unidos en foros multilaterales, sino que adem??s sienta un precedente peligroso: el de tratar la lucha antidrogas como un teatro de guerra, con reglas propias de un conflicto armado que no ha sido declarado ni aprobado por el poder legislativo.

Algo parecido piensa Juan Gonz??lez, ex asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, al advertir que el episodio podr??a convertirse en una ???pendiente resbaladiza??? en la que se pone en riesgo la vida de pescadores, migrantes u otros civiles inocentes.

Los pr??ximos d??as y semanas ser??n claves para determinar la evoluci??n de un caso que marc?? un antes y un despu??s en la llamada guerra contra las drogas y que desde ya se perfila como una peligrosa escalada luego de que el viernes Washington anunci?? el despliegue de diez aviones de combate F-35 a una base a??rea en Puerto Rico como respuesta directa al sobrevuelo de dos aeronaves venezolanas sobre el espacio a??reo cercano a las operaciones estadounidenses en el Caribe sur.

SERGIO G??MEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington