'Se activaron las rutas': ICBF acompañará el proceso judicial del niño que atentó contra Miguel Uribe

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) anunció la activación de las rutas del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes y de restablecimiento de derechos, en el caso del menor de 14 años que accionó el gatillo de una Glock 9 milímetros contra el candidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

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El niño sicario fue capturado en el lugar de los hechos, un parque del barrio Modelia, en el occidente de Bogotá, y se recupera de dos disparos en una pierna, tras la reacción del esquema de seguridad del político. Sufrió un intento de linchamiento y tuvo que ser trasladado a la Clínica Colombia bajo fuertes medidas de seguridad.

La directora del ICBF, Astrid Cáceres pidió a la opinión pública "abstenerse de revelar cualquier información que lo ponga en riesgo". Además, anunció que la entidad, encargada de velar por la protección de los niños, niñas y adolescentes, activó las rutas del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes y la de restablecimiento de derechos.

Informó que harán el acompañamiento del proceso judicial, sobre el que la Defensoría del Pueblo también puso a disposición un abogado para asesorar jurídicamente al menor de edad. 

"Hacemos un llamado urgente a todas las instituciones del Estado a reforzar las acciones de prevención frente al uso, utilización einstrumentalización de menores de edad por parte de estructuras criminales o de violencia política, hecho que constituye una vulneración grave y pluriofensiva de sus derechos fundamentales", informó el Instituto en un comunicado de prensa.

Una vez se recupere de los impactos de bala, el adolescente será presentado ante un juez de control de garantías para legalizar su captura. El juez decidirá si le dicta una medida de aseguramiento preventiva y, posteriormente, será imputado.

De acuerdo con la evolución de la condición médica del candidato presidencial, podría enfrentarse a cargos por tentativa de homicidio o por homicidio, con el agravante de la indefensión de la víctima.

Recibiría una sanción privativa de la libertad de hasta ocho años, que es la pena máxima para los menores de edad, pero no irá a una cárcel. Sería recluido en un centro de atención especializada, donde recibiría una intervención enfocada en su proceso de resocialización. Podrá terminar el bachillerato y acceder a cursos de formación técnica.

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El presidente Gustavo Petro pidió garantizar la seguridad del aprehendido y avanzar en la investigación de los autores intelectuales, quienes, según dijo, “le pagaron para matar”.

“Lo primero que defendemos es la vida misma. La vida de la víctima, que está en buenas manos, y la vida del asesino, que es un menor de edad, un niño. Las leyes y las normas nos obligan a proteger al niño por ser niño, porque si no cuidamos a los niños de la patria, no tendremos patria”, dijo Petro hacia las 11 de la noche, en medio de un consejo de seguridad extraordinario.

El jefe de Estado aseguró que el ataque fue planeado y que “el asesino siguió a su objetivo”. La Fiscalía y la Policía avanzan en la investigación para dar con los autores materiales del atentado, siguiendo cuatro líneas: balística, con el arma incautada; informática, a partir de las cámaras de seguridad; y testimonios y pruebas recogidas en el lugar de los hechos.