La responsabilidad penal del menor que disparó a Miguel Uribe y la histórica instrumentalización de niños sicarios

Uno de los sicarios de Rodrigo Lara Bonilla, ministro de Justicia de Belisario Betancur, tenía 18 años recién cumplidos. Byron Velázquez, alias Quesito, conducía la motocicleta en la que Iván Darío Guisado, el gatillero, vació el proveedor de una ametralladora contra el carro en el que se desplazaba Lara, en la calle 127 con autopista Norte, en Bogotá. Casi medio siglo después, en Modelia, quien disparó contra el candidato presidencial Miguel Uribe Turbay apenas tiene 14 años.

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El niño que atentó contra Uribe Turbay fue capturado en el lugar de los hechos. Recibió dos impactos de bala en la pierna durante el intercambio de disparos con el esquema de seguridad del senador y fue trasladado a la Clínica Colombia, donde recibe atención médica. De acuerdo con el barrido inicial, no tiene antecedentes.

Lo que se sabe, según el reporte de las autoridades, es que su papá reside fuera del país y su mamá murió a los 23 años. Actualmente vive con una tía, en la localidad de Engativá, y quien lo acompaña en el hospital es otro familiar.

En la alocución de la noche del atentado, el presidente Gustavo Petro pidió garantizar la seguridad del menor y avanzar en la investigación de los autores intelectuales, quienes, según dijo, "le pagaron para matar".

“Lo primero que defendemos es la vida misma. La vida de la víctima, que está en buenas manos, y la vida del asesino, que es un menor de edad, un niño. Las leyes y las normas nos obligan a proteger al niño por ser niño, porque si no cuidamos a los niños de la patria, no tendremos patria”, dijo Petro hacia las 11 de la noche, en medio de un consejo de seguridad extraordinario.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) también se pronunció rechazando "de manera categórica el uso, utilización, reclutamiento y manipulación de niñas, niños y adolescentes en la comisión de actos violentos como en el que resultó gravemente herido el senador Uribe". 

La entidad anunció que activó las rutas correspondientes y "acompañará el proceso judicial y de restablecimiento de derechos del adolescente conforme a los protocolos establecidos".

Una vez se recupere, el joven transitará por la ruta que establece el Sistema Penal para Adolescentes, diseñada para quienes cometen delitos sin haber alcanzado la mayoría de edad.

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Será presentado ante un juez de control de garantías especializado, para legalizar su captura. El juez decidirá si le impone medida de aseguramiento y, posteriormente, será imputado. Dependiendo de la evolución médica del senador Uribe Turbay, el menor podría enfrentar cargos por tentativa de homicidio o por homicidio, con el agravante —según penalistas consultados por este diario— de la indefensión en la que se encontraba la víctima.

Como 'Quesito', el asesino de Rodrigo Lara Bonilla, podría ser sancionado con una medida privativa de la libertad de hasta ocho años. No irá a la cárcel. Por ser menor de edad, sería internado en un Centro de Atención Especializada (CAE), que en Bogotá es El Redentor.

El juez podrá atenuar la duración y modalidad de la sanción de acuerdo con el comportamiento del menor y los avances en su proceso de resocialización. Durante su internamiento, podrá terminar el bachillerato y acceder a cursos técnicos o de formación académica.

“Dependiendo de su buena conducta, podría acceder a una sanción no privativa, intermitente, hasta cumplir el tiempo total de la medida. También influye su situación de seguridad”, explicó Alejandro Peláez, exdirector de Protección del ICBF e investigador del Laboratorio de Justicia y Política Criminal.

En la guerra contra el narcoterrorismo de los años 80, el séquito de sicarios de Pablo Escobar estaba compuesto por niños de entre 14 y 17 años. Alias Toño y alias Pinina no habían alcanzado la mayoría de edad y ya acumulaban varios homicidios. 

Para Peláez, dos factores explican esta instrumentalización. Primero, que los adolescentes, especialmente los que crecen en entornos de alta vulnerabilidad, tienen un menor grado de temor al riesgo. “No miden las consecuencias de lo que hacen, como lo haría un adulto”, aseguró.

El segundo factor tiene que ver con los "alicientes punitivos": los menores saben que, si los capturan, las consecuencias no serán las mismas que para un adulto. 

“Los criminales que los contratan les prometen dinero, poder o estatus. Les dicen: ‘si te capturan, no pasa nada grave. Te encierran cinco años y sales’. Esa expectativa reduce la percepción del castigo y facilita su reclutamiento”, concluyó.

Redacción Justicia